¿Realmente las manifestaciones del sector salud son políticas?
Las protestas de octubre de 2026 reúnen reclamos salariales, laborales y de abasto. El debate partidista puede amplificarlas, pero no explica por sí solo una inconformidad que también aparece en los indicadores de acceso y satisfacción. Responder a esos problemas exige más que señalar a la oposición.
El descontento no desaparece al llamarlo político
Una protesta por el funcionamiento de hospitales es política en un sentido básico: exige decisiones sobre salarios, recursos y servicios públicos. Otra afirmación, mucho más concreta, es que se trate de una movilización organizada por partidos para desestabilizar al gobierno. Esa acusación requiere pruebas sobre organización, financiamiento o coordinación; no se demuestra con la presencia de mensajes opositores en redes.
El punto de partida está en las demandas verificables. El propio IMSS reconoció, en su comunicado del 12 de octubre, que un grupo de trabajadores rechazó la propuesta salarial y planteó cambios en materia de jubilaciones. Informó un aumento compuesto por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, presentado institucionalmente como 6.8%. Son componentes distintos: decir solamente 2.9% omite parte de la propuesta; llamar a todo el paquete aumento al sueldo base también distorsiona el debate.[1]
La cobertura de las movilizaciones recoge, además, exigencias sobre medicamentos, insumos y condiciones de trabajo. El 14 de octubre, trabajadores de IMSS-Bienestar reclamaron prestaciones, uniformes, contratación y libertad sindical. Esta protesta debe distinguirse de la consulta salarial de los trabajadores del IMSS ordinario: compartir parte del nombre no convierte a ambas instituciones en la misma entidad ni a sus conflictos en uno solo.[2][3]
La Presidencia tampoco negó todos los problemas. El 12 de octubre, Claudia Sheinbaum reconoció demandas legítimas, pendientes en la contratación con prestaciones y problemas de abasto y distribución dentro del IMSS. Al mismo tiempo, cuestionó que otras voces aprovecharan la controversia. Esa disputa sobre quién capitaliza una protesta deja en pie la obligación de resolver lo que la autoridad reconoce.[4]
Desde 2018: dos reemplazos institucionales y una pandemia
En 2018, la población sin seguridad social recibía atención mediante los servicios estatales de salud y un esquema de financiamiento asociado al Seguro Popular. El sistema ya estaba fragmentado: IMSS e ISSSTE atendían a sus derechohabientes, mientras otras redes atendían a quienes no contaban con esa protección laboral. La desigualdad de acceso no nació con el actual modelo.
La reforma de noviembre de 2019 dio paso al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que comenzó funciones el 1 de enero de 2020. La reorganización para ofrecer atención a personas sin seguridad social coincidió con la pandemia de COVID-19, que presionó servicios, personal y capacidad hospitalaria. El cambio institucional y la emergencia sanitaria se superpusieron; atribuir todos los resultados a una sola de esas causas dejaría incompleta la historia.[5][6]
El 31 de agosto de 2022 se creó el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar. En 2023 se dispuso la extinción del INSABI y la transferencia de funciones y recursos hacia ese nuevo organismo. El proceso impulsó la federalización de servicios para población sin seguridad social en las entidades participantes, con cambios en administración, personal y financiamiento.[5][7]
Qué cambió en la atención a personas sin seguridad social
Para el paciente, la prueba de una reforma está en su continuidad de atención. Cambiar de institución administradora puede reorganizar responsabilidades; el resultado debe verse en consultas disponibles, recetas surtidas y tratamientos que no se interrumpan.
¿Se redujo el presupuesto? Hubo aumentos y retrocesos
El dinero debe compararse descontando la inflación y usando el mismo alcance. El presupuesto exclusivo de la Secretaría de Salud no representa a todo el sector, y el presupuesto total del IMSS incluye obligaciones que no son atención médica. Además, una transferencia hacia IMSS-Bienestar puede reducir una partida de origen sin eliminar íntegramente esos recursos del sistema.
La serie histórica del CIEP publicada con el Paquete Económico 2026 sitúa el gasto ejercido de 2018 en 848.8 mil millones y el de 2024 en 1,045.2 mil millones de pesos de 2026. La diferencia implica un aumento real aproximado de 23.1%. Hubo caídas en 2019 y 2023, pero la trayectoria completa hasta 2024 no fue una reducción continua.[8]
Sí hay un retroceso posterior documentado: en su análisis del cuarto informe trimestral de 2025, el CIEP reportó una caída de 1.6% del gasto en salud respecto de 2024. También identificó un subejercicio de 3.9% en la Secretaría de Salud frente a su programación y un sobreejercicio de 15.6% en IMSS-Bienestar. Son comparaciones diferentes: la variación anual mide el cambio frente a otro año; el subejercicio y sobreejercicio contrastan ejecución con lo previsto.[9]
| Dato | Qué muestra | Qué permite concluir |
|---|---|---|
| 2018–2024: +23.1% real | Comparación del gasto ejercido en la serie histórica CIEP, a precios de 2026. | Hubo crecimiento agregado; no una caída permanente desde 2018. |
| 2025: −1.6% | Caída anual reportada por el CIEP al analizar el cierre trimestral de Hacienda. | Existió un retroceso del gasto; no significa que cada institución recibiera el mismo recorte. |
| 2026: 1.028 billones | Asignación aprobada para salud, valorada por el CIEP en pesos de 2027. | Es presupuesto autorizado, no gasto final de 2026. No debe compararse directamente con los montos de la gráfica expresados en pesos de 2026. |
La distinción importa para juzgar las protestas del IMSS: una disminución agregada o un problema de otra institución no demuestra por sí solo que su conflicto salarial provenga de ese mismo recorte. Hay que revisar las partidas, las cargas de atención y las condiciones de cada centro de trabajo.
El indicador de acceso sigue muy lejos del punto de partida
De acuerdo con CONEVAL e INEGI, la población con carencia por acceso a servicios de salud pasó de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020 y 39.1% en 2022. En 2024 bajó a 34.2%, equivalente a 44.5 millones de personas. La mejora respecto de 2022 fue importante, pero el nivel permaneció 18 puntos porcentuales por encima de 2018.[6][11]
Este indicador se construye a partir de la afiliación, inscripción o derecho declarado a servicios. No significa que 44.5 millones de personas hayan solicitado y recibido una negativa de atención. CONEVAL ha señalado que la transición institucional y la pandemia pudieron influir en la percepción de afiliación y acceso. Para evaluar el funcionamiento del servicio hace falta contrastarlo con la experiencia de quienes sí lo utilizaron.[12]
¿Hay estudios sobre aceptación y descontento? Sí, del INEGI
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG 2025, publicada en mayo de 2026, recoge la evaluación de servicios públicos. En salud, la satisfacción general fue de 47.0% en IMSS-Bienestar, 45.8% en ISSSTE y 43.3% en IMSS. En los tres casos, menos de la mitad de los usuarios del universo estudiado se declaró satisfecha o muy satisfecha.[13]
La encuesta también ayuda a localizar el problema: en el IMSS, 42.8% evaluó favorablemente la disponibilidad de medicamentos y 18.1%, la ausencia de saturación. En cambio, 73.1% reportó trato respetuoso. El contraste sugiere que valorar al personal puede coexistir con una evaluación mucho menos favorable de la capacidad y los insumos del servicio.[13]
La ENCIG no es una encuesta de aprobación presidencial ni mide el apoyo a las marchas. Tampoco sería correcto convertir automáticamente el porcentaje que no se declaró satisfecho en un porcentaje de inconformidad: hay que respetar las categorías de respuesta. Su aportación es distinta y relevante: documenta problemas de experiencia con servicios fuera del debate sobre quién organizó una movilización.
Más personal y nuevas medidas no eliminan las fallas pendientes
El IMSS sostiene que su plantilla de base aumentó de 360,823 a 455,454 personas desde 2019. El 12 de octubre también se anunció una estrategia de escucha en 277 hospitales para atender necesidades operativas. Son acciones y avances reportados por la autoridad que deben incluirse en el balance; su efectividad se comprobará en la operación cotidiana.[1][14]
Un aumento agregado del personal puede coexistir con vacantes en determinadas especialidades, turnos o regiones. Más dinero autorizado puede coexistir con compras tardías o problemas de distribución. Por eso, presupuesto, personal y satisfacción deben leerse juntos: ninguno sustituye a los otros.
La discusión presupuestaria ya incluye 2027. El proyecto analizado por el CIEP plantea un aumento real de 10.6% frente a lo aprobado en 2026, pero sigue siendo una propuesta. Para hospitales e institutos de la Secretaría de Salud, el análisis estima recursos 1.5% inferiores a los ejercidos en 2025. El aumento general tampoco implica una recuperación igual para todas las áreas.[15]
La respuesta que merece una protesta
Los datos no permiten explicar el descontento exclusivamente como una operación partidista. Hay reclamaciones laborales reconocidas, problemas de abasto admitidos por la Presidencia y una encuesta oficial en la que la satisfacción general no llega a la mitad entre los usuarios estudiados. Que un actor político intente aprovechar esas condiciones no las vuelve ficticias.
La rendición de cuentas requiere respuestas que se puedan comprobar: qué unidades carecen de insumos, cuánto tardan en atender, qué plazas siguen vacantes, qué prestaciones están pendientes y cuándo se resolverán. También exige verificar que los recursos autorizados lleguen a esos problemas.
La salud se decide políticamente, pero se evalúa en la atención. Calificar una marcha puede servir para disputar el relato; surtir una receta, reducir una espera y resolver un adeudo permite demostrar resultados.
Fuentes, datos y criterios de comparación
Se separan gasto ejercido, presupuesto aprobado y proyecto presupuestario. Las cifras monetarias identifican su año de precios; no se mezclan como si fueran una misma serie. La evolución del acceso no identifica por sí sola una causa única. La ENCIG mide experiencia de usuarios urbanos, no aprobación del gobierno ni apoyo a las protestas.
- IMSS: atención a derechohabientes y consulta salarial, 12 de octubre de 2026. Componentes de la propuesta, demandas y plantilla; cifras atribuidas a la institución.
- Expansión: protestas por aumento salarial e insumos, 9 de octubre de 2026. Demandas y testimonios, no medición nacional del abasto.
- Expansión: trabajadores de IMSS-Bienestar se unen a protestas, 14 de octubre de 2026.
- Presidencia: versión estenográfica del 12 de octubre de 2026. Reconocimiento de demandas y problemas operativos.
- IMSS-Bienestar: primer informe de autoevaluación 2023. Inicio de funciones del INSABI y reorganización.
- CONEVAL: Informe de la pobreza multidimensional en México 2022. Historia institucional y serie 2018–2022 de carencia por acceso.
- IMSS-Bienestar: historia institucional. Creación del OPD en agosto de 2022 y antecedentes del programa.
- CIEP: Implicaciones del Paquete Económico 2026, figura 12. Se utilizan únicamente los años ejercidos 2018–2024; los montos originales se presentan en miles de millones de pesos de 2026. El 23.1% se calcula con cifras redondeadas: (1,045.2 / 848.8 − 1) × 100.
- CIEP: Cuarto Informe Trimestral, análisis del cierre de 2025. Variación anual del gasto y ejecución por institución.
- CIEP: Implicaciones del Paquete Económico 2027, cuadro 10. Presupuesto aprobado de 2026 expresado en pesos de 2027; alcance sectorial definido en la nota del cuadro, excluye pensiones y jubilaciones del ramo 19.
- INEGI: Pobreza multidimensional 2024, comunicado del 13 de agosto de 2025. Carencia por acceso de 34.2% y 44.5 millones de personas.
- CONEVAL: Estudio diagnóstico del derecho a la salud 2023. Interpretación del indicador y contexto de transición y pandemia.
- INEGI: ENCIG 2025, principales resultados, mayo de 2026. Diseño estadístico y láminas 27–29. Muestra nacional de 46 mil viviendas; población de 18 años y más en áreas urbanas de 100 mil habitantes o más. No debe extrapolarse a usuarios rurales.
- STPS: escucha activa en 277 hospitales del IMSS, 12 de octubre de 2026.
- CIEP: Presupuesto para salud en 2027, 6 de octubre de 2026. Comparación entre proyecto 2027, aprobado 2026 y ejercido 2025; no constituye un cierre ni un presupuesto ya aprobado de 2027.
